(23 Jun 98 07:43)

Por Alejandro Teitelbaum

DESDE EL 22 HASTA EL 24 DE JUNIO SE REUNE EN OTTAWA, CANADA, EL FORO INTERNACIONAL VIENA+5 QUE CONGREGA A ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE BUSCAN INCIDIR EN EL BALANCE OFICIAL QUE REALIZA LA ONU, CINCO AÑOS DESPUES DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS CELEBRADA EN VIENA. CON ESTE MOTIVO, ALEJANDRO TEITELBAUM, REPRESENTANTE PERMANENTE EN GINEBRA DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, HA PREPARADO LA SIGUIENTE CONTRIBUCION.

CONCENTRACION DEL PODER

Estas consecuencias nefastas de la mundialización se han podido producir porque el gran capital, con la connivencia de las élites políticas, ha confiscado el poder de decisión en detrimento de los Estados, de la comunidad internacional y de los pueblos.

La clase política se ha subordinado al poder económico y a nivel mundial el poder real no lo ejerce la comunidad internacional de Estados como representantes de sus ciudadanos sino un aparato formado por el G7, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Consejo de Seguridad y la NATO, que cubren los aspectos político, financiero, económico y militar del sistema piramidal de dominación mundial.

Se asiste a una crisis profunda de la democracia a nivel nacional e internacional.

El proyecto de Acuerdo Multilateral de Inversiones, cuyo tratamiento se ha postergado por el momento, es la tentativa más audaz de someter totalmente a los Estados a los designios de las empresas transnacionales.

Se trata pues, de reflexionar acerca de cómo los pueblos, a través de instituciones democráticas nacionales e internacionales, recuperan los derechos fundamentales a decidir sobre su propio destino, a procurar su realización individual y colectiva, material y espiritual, que les han sido confiscados.

LAS NACIONES UNIDAS

Demás está decir que en las condiciones de la mundialización, el papel de las instituciones internacionales, en particular del sistema de las Naciones Unidas, es de fundamental importancia para tratar de recuperar el control de la sociedad civil sobre la economía, dicho en otros términos, para tratar de que la economía esté al servicio de la sociedad y de los seres humanos que la componen y no al servicio del beneficio máximo de los monopolios.

Pero hay que constatar que desde hace años las Naciones Unidas siguen una línea regresiva de concesiones al poder económico transnacional, como ha sido la transformación en 1993, por decisión del Sr. Butros Ghali, del Centro de Empresas Transnacionales, organismo autónomo dentro de la Secretaría de la ONU que se desempeñaba como secretaría de la Comisión de Sociedades Transnacionales, en una División de Sociedades Transnacionales y de Inversiones Internacionales en el seno de la CNUCED y la disolución, en 1994, de la Comisión de Sociedades Transnacionales, que intentó vanamente durante años elaborar y hacer aceptar un Código de Conducta para las Sociedades Transnacionales. El señor Butros Ghali se manifestó en diversas oportunidades partidario de asociar más estrechamente a la empresas transnacionales a las decisiones internacionales.

Estas tendencias han sido confirmadas por el actual Secretario General, señor Koffi Annan, que en el punto 17 de su programa de reestructuración de la ONU de julio de 1997 atribuye una participación de primer plano a las grandes empresas en las decisiones de las Naciones Unidas.

El documento A/52/428 de la Secretaría de la ONU "La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover le crecimiento económico y el desarrollo sostenible", es una verdadera elegía al neoliberalismo. Hay que deplorar que la Asamblea General de la ONU, adoptó SIN VOTO el 18 de diciembre de 1997 la resolución 52/209, en la misma línea neoliberal del documento del Secretario General, celebrando la privatización de las empresas y la liberalización de la reglamentación administrativa, la participación cada vez mayor del sector privado en la prestación de servicios, etc. etc.

Contradictoriamente, la Asamblea General adoptó en el mismo período de sesiones, el 12 de diciembre de 1997, la resolución 52/136 sobre el derecho al desarrollo, donde, entre otras cosas, se habla de la necesidad de la participación de la sociedad civil para la realización del desarrollo sostenible con una dimensión social y orientado al ser humano; se constata la falta de participación de los países en desarrollo en el proceso de adopción de decisiones a nivel mundial y se señalan los efectos negativos de la mundialización sobre el derecho al desarrollo. Esta resolución fue adoptada por 129 votos a favor, 12 votos en contra y 32 abstenciones.

EL PAPEL DE CIERTAS ONGS

La adaptación al proceso de mundialización dominado por las grandes potencias y las empresas transnacionales es un fenómeno que se manifiesta en todos los sectores de la sociedad: político, económico, profesional, académico, sindical, y, por cierto, también se manifiesta en algunas organizaciones no gubernamentales.

Aparte de ciertas organizaciones llamadas no gubernamentales que se ocupan de planes de desarrollo, calurosamente apoyadas por Hillary Clinton y Al Gore en la Cumbre Social de Copenhague, que administran decenas de miles de millones de dólares y que constituyen verdaderas puntas de lanza de la empresas transnacionales en los países pobres, algunas grandes ONG que se ocupan de los derechos humanos dan signos de adaptarse bien al sistema mundial dominante.

Por ejemplo el señor Pierre Sané, Secretario de Amnesty International, en un artículo publicado en el número de mayo de 1998 de Le Monde Diplomatique hace un llamado a las empresas transnacionales, en tanto órganos de la sociedad, a respetar los derechos humanos de sus empleados y sus clientes (sic), y las exhorta a que... "utilicen su influencia para tratar de poner fin a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los gobiernos o por los grupos armados de oposición...". El señor Sané anuncia además en su artículo una "lista de control" elaborada por Amnesty Internacional "que debería integrarse en los códigos de conducta de las sociedades".

En cambio el señor Sané no menciona en absoluto en su artículo el proyecto de Acuerdo Multilateral de Inversiones, pese a que significa una amenaza sin precedentes para las soberanías nacionales y para el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Este enfoque es, por un lado, un intento de legitimar el papel preponderante que desempeñan las empresas transnacionales en la escena internacional, paralelo e incluso por encima de las instituciones de la sociedad civil. Y, por otro lado, significa la pretensión de sustituir el indispensable control social del conjunto de la sociedad civil sobre la economía y en particular sobre las sociedades transnacionales, por una "etiqueta de calidad" en materia de derechos humanos otorgada por Amnesty Internacional (u otras ONG) a dichas sociedades transnacionales.

Esta es una actividad a la que se dedican no pocas reales o supuestas organizaciones no gubernamentales que "controlan" que las empresas transnacionales sean "ecológicamente correctas" e incluso que respeten los derechos laborales. Es, diríamos, un contrato de mutua legitimación de ciertas ONG y de las sociedades transnacionales.

Se trata de cubrir con un maquillaje ético la búsqueda despiadada del beneficio máximo que practican las empresas transnacionales y de eludir la cuestión de fondo: que las actividades económicas se encuadren en normas obligatorias emanadas de las instituciones representativas del conjunto de la sociedad civil, a fin de que se garantice el respeto estricto de todos los derechos humanos.

Hay otras formas más sutiles de servir la estrategia del poder mundial. Por ejemplo, el proyecto de Estatuto para una Corte Penal Internacional, en su redacción inicial, es un intento de crear un mecanismo judicial internacional al servicio de las grandes potencias a través del Consejo de Seguridad. Para impulsar la acción del proyectado Tribunal, el papel de los Estados en general es muy restringido y el de las víctimas es inexistente.

Sin embargo, algunas ONG, financiadas por la Fundación Ford y la Fundación McArthur, explotando el legítimo deseo de las víctimas, de sus parientes y de los militantes por los derechos humanos de contar con un tribunal internacional que siente en el banquillo a los grandes violadores de los derechos humanos, pretenden establecer como plataforma común de las ONG que se cree, sea como fuere, tal tribunal, relegando a segundo plano o simplemente ignorando la cuestión crucial de para qué y para quién va a servir dicho Tribunal.

Las organizaciones no gubernamentales que se identifican realmente con las reivindicaciones populares tienen una enorme responsabilidad, en el plano de la reflexión y de la acción, en la difícil lucha por la recuperación de la democracia y por la vigencia plena de los derechos humanos.