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Estimados amigos:
El 15 de Junio se inicio en Roma la Conferencia de Plenipotenciarios para la creación de una Corte Penal Internacional (CPI) de carácter permanente.
La idea de crear una Corte Penal Internacional, para juzgar los crímenes de lesa humanidad que se cometieren en cualquier parte del mundo, ha venido cobrando fuerza creciente, y ha suscitado el apoyo de numerosos países, organizaciones no gubernamentales, personalidades políticas y de la cultura, líderes religiosos e infinidad de personas interesadas en la defensa de los derechos humanos, la universalización de la justicia y el cese de las prácticas inhumanas y genocidas que agravian la conciencia universal.
El Instituto del Tercer Mundo y Amnistía Internacional Uruguay convoca a Ud (s), a sumarse a este esfuerzo. A tales efectos lo invitamos a integrarse a la amplia coalición de ONGs y Comunidades que se esta constituyendo en nuestro país, adhiriendo al llamamiento que transcribimos a continuación.
Puede hacer efectiva su adhesión enviando un correo a amnistia@chasque.apc.org y/o a item@chasque.apc.org, telefoneando a la sede del Instituto del Tercer Mundo ( 409 61 92) o la de Amnistía Internacional (402 88 48).
Llamamiento
Este año se cumple el 50 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La misma establece en su artículo primero, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los Estados tienen ante sí la posibilidad de dar un gran paso en el camino de hacer realidad este y otros derechos fundamentales contenidos en esa declaración, creando un sistema de justicia internacional que los haga efectivos.
El próximo 15 de Junio dará inicio en Roma la Conferencia de Plenipotenciarios para la creación de una Corte Penal Internacional (CPI) de carácter permanente.
La idea de crear una Corte Penal Internacional permanente, para juzgar los crímenes de lesa humanidad que se cometieren en cualquier parte del mundo, fue manejada por primera vez en Naciones Unidas en 1948. Debieron pasar 50 años, tras el fin de la Guerra Fría, las atrocidades ocurridas en la ex Yugoslavia y Ruanda, y la movilización de la sociedad civil en todo el mundo, para que su creación pudiera vislumbrarse como un hecho próximo y posible.
Esta iniciativa viene cobrando fuerza creciente, y ha suscitado el apoyo de numerosos países, organizaciones no gubernamentales, personalidades políticas y de la cultura, líderes religiosos e infinidad de personas interesadas en la defensa de los derechos humanos, la universalización de la justicia y el cese de las prácticas inhumanas y genocidas que agravian la conciencia universal.
Quienes perpetran violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas ante la justicia. Con frecuencia los gobiernos nacionales no quieren o no pueden investigar los hechos y no pueden procesar a los responsables. El respeto del Derecho, en el ámbito nacional e internacional, no puede mantenerse si no se juzga a quienes vulneran las normas de humanidad más elementales.
Esta situación de grave injusticia, alimenta el ciclo de la impunidad e incide en la repetición de los mismos crímenes. Un modelo de justicia que sirva para todo el mundo, y un tribunal de jurisdicción universal, habrán de erigirse en freno eficaz contra los crímenes de este tipo y los impulsados por el resurgimiento del racismo, la xenofobia y el odio étnico.
Llamamos a los Estados a apoyar la creación de una Corte Penal Internacional, dotada de características tales que le permitan cumplir fielmente sus objetivos, constituyéndose en un sistema de justicia universal, efectivo e imparcial.
Dichas características son:
1. Debe tener jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, otros crímenes graves contra la Humanidad, y violaciones graves de las leyes humanitarias en conflictos armados nacionales e internacionales.
2. La Corte debe poder hacer frente a las violaciones específicas de los derechos humanos que sufren las mujeres.
3. La Corte debe tener jurisdicción automática sobre todos estos crímenes, no requiriéndose el consentimiento de los Estados para que la asuman.
4. La Corte debe tener el poder de determinar en todos los casos si tiene jurisdicción o no, y ejercitarlo sin interferencias políticas.
5. Debe estar dotada de una Fiscalía independiente que pueda iniciar investigaciones sobre denuncias basadas en información de cualquier fuente fidedigna y actuar por propia iniciativa en la formulación de cargos.
6. Ningún cuerpo político, incluyendo al Consejo de Seguridad y a los Estados, debe tener poder para detener, o incluso retrasar, investigaciones o casos que la Corte este llevando, bajo ninguna circunstancia
7. La Corte debe asegurar a los acusados el derecho a un juicio justo seguido con las normas del debido proceso, con oportunidad de ser oídos y producir pruebas, y de contar con una defensa acorde con las más exigentes normativas internacionales.
8.La Corte debe estar financiada de modo de asegurar su funcionamiento e independencia.
9. Todos los estados parte, incluyendo sus tribunales y sus oficiales, deberán cooperar con la Corte, de manera total y sin retraso, en todas las etapas de los procedimientos.
10. Los estados deberán adherirse al estatuto sin reservas de modo que todos asuman obligaciones idénticas.
Una Corte de estas características podrá constituirse en una herramienta fundamental en vistas a un futuro en que progresivamente el derecho prime sobre la fuerza, donde los criminales de lesa humanidad sean juzgados, condenados y castigados, donde se desaliente enérgicamente toda conducta criminal y se elimine la impunidad. Un futuro donde, en definitiva, los Derechos Humanos no sólo vivan en una Declaración, sino en la vida de todos y cada uno de nosotros y de nosotras.
Amnistía Internacional (Uruguay) Instituto del Tercer Mundo (ITeM)
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