PRIMERA PARTE
Introducción
La creciente preocupación por los peligros que entraña la ingeniería genética para la salud y el medio ambiente, y en particular sus efectos adversos sobre la conservación y la utilización sustentable de la diversidad biológica, hizo que un inmenso número de representantes de diversos países, así como grupos cívicos y científicos de todo el mundo reclamaran un protocolo internacional con fuerza jurídica obligatoria en materia de bioseguridad.
Los gobiernos de más de 150 países, conscientes de los riesgos que corren la diversidad biológica y la salud humana con el aumento de la investigación y la aplicación comercial de la biotecnología genética, coincidieron en que el Convenio sobre la Diversidad Biológica debía considerar la necesidad y las modalidades de un protocolo de ese tipo. Poco después que el convenio fue abierto para su firma en 1992, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) creó cuatro grupos especiales de expertos para asistir a las Partes Contratantes en la identificación de sectores prioritarios para la aplicación del Convenio. El Grupo IV de Expertos del PNUMA consideró de máxima importancia elaborar un protocolo sobre bioseguridad. La gran mayoría de sus miembros exhortó a comenzar el trabajo de inmediato, dado que las reglamentaciones y los procedimientos sobre bioseguridad ya estaban muy a la zaga de los desarrollos tecnológicos, en un contexto en que, por un lado la industria presionaba por la comercialización de una serie de productos resultado de la ingeniería genética, y por el otro aumentaban los conocimientos científicos sobre sus riesgos para la ecología y la salud. Hubo una especial preocupación por la falta de reglamentación de las transferencias transfronterizas en los experimentos o ensayos de campo, especialmente de los países industrializados a los países en desarrollo. Estados Unidos, si bien no es una Parte del Convenio, rechazó la necesidad de un protocolo, y el representante de la OCDE propuso que, antes de considerar la creación de un instrumento internacional, se adoptara un enfoque gradual para establecer las capacidades nacionales.
En las dos reuniones preparatorias del Comité Intergubernamental sobre el Convenio, realizadas en 1993 y 1994, el tema de un protocolo sobre bioseguridad fue el centro de interés de los delegados. Una gran mayoría de países coincidieron en la necesidad de un protocolo de bioseguridad y recomendaron que la Conferencia de las Partes, en su primera reunión, considerara la posibilidad de ponerse a trabajar de inmediato en un protocolo de bioseguridad. Cuando la Conferencia de las Partes se reunió por primera vez en Nassau, Bahamas, del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 1994, su primera decisión importante fue crear un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta de expertos, designado por los gobiernos. Solicitó, pues, a la Secretaría del Convenio, que creara un grupo de 15 especialistas designados oficialmente por los gobiernos, el cual contaría con la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para elaborar un documento de referencia que sería presentado al grupo de trabajo ad-hoc de composición abierta de expertos designado por los gobiernos en la reunión que debía celebrarse en Madrid del 24 al 28 de julio de 1995. Este documento de referencia (conocido como el Informe del Cairo del Grupo de Expertos) se elaboró en la reunión del grupo en El Cairo en mayo de 1995. Luego fue presentado para su discusión al grupo de trabajo de Madrid.
Mientras tanto, varias organizaciones ambientalistas y de desarrollo interesadas en temas de bioseguridad crearon un grupo independiente de expertos para elaborar un informe por separado. La urgente necesidad de un protocolo fue ratificada cuando un proyecto de informe del Grupo de Expertos del Cairo reveló fallas sustanciales en las argumentaciones científicas de la ingeniería genética, que increíblemente omitieron la abrumadora evidencia y los datos de los últimos años en cuanto a los riesgos de los productos y organismos manipulados por ingeniería genética sobre el medio ambiente y la salud.
Este informe del Grupo Independiente de Expertos representa el trabajo conjunto y la contribución de científicos de Etiopía, Alemania, India, Reino Unido y Estados Unidos, así como el trabajo de especialistas en materia jurídica. El informe contribuyó sustancialmente a la labor del grupo de trabajo ad hoc de composición abierta de expertos y a la Conferencia de las Partes en la etapa crítica de 1995, cuando el Convenio consideró la necesidad de elaborar tanto un protocolo sobre bioseguridad con fuerza jurídica obligatoria como sus modalidades. Después de arduas y prolongadas negociaciones, el Grupo de Trabajo decidió en su segunda reunión, de noviembre de 1995 en Jakarta, negociar un protocolo internacional de bioseguridad, con fuerza jurídica obligatoria. La primera reunión del grupo de negociaciones de composición abierta, a la que podrán asistir todos los gobiernos y observadores no gubernamentales, será realizada en Aarhus, Dinamarca, del 22 al 27 de julio de 1996.
Esperamos que este informe revisado continúe aportando a la formulación de un protocolo de bioseguridad estricto. El informe se centra en las áreas siguientes:
* La experiencia y los conocimientos acerca de los peligros que acarrea la ingeniería genética (Tercera parte);
* Los requisitos científicos o los criterios de evaluación de los organismos modificados por ingeniería genética (OMGs), y los efectos de su introducción en el medio ambiente (Cuarta parte);
* Los mecanismos internacionales de regulación existentes (Quinta parte);
* Los elementos y modalidades esenciales de un protocolo de bioseguridad (Sexta parte);
* El informe también contiene una evaluación del Informe del Grupo de Expertos del Cairo, el cual se publica como Anexo II.