Esta situación peligrosa de las grandes ciudades y sus periferias con una creciente contaminación de agua, aire e insuficiencia de infraestructuras urbanas es la que ha sido estudiada en la cumbre de la ONU del 3 al 14 de junio pasado en Estambul. La gran Conferencia mundial organizada por la ONU, la última de este siglo, a la que participaron casi 5.000 delegados oficiales de 132 países, trató de adoptar un plan global de acción hasta el año 2015 y de establecer claramente el principio de que la vivienda es un derecho humano universal. Para el año 2000 casi la mitad de la población mundial vivirá en ciudades cada vez más grandes. Para el año 2025 los habitantes de las ciudades sumarán más de 5.000 millones de personas y el 80% de sus pobladores se encontrarán en el Tercer Mundo.
El fenómeno urbanista y migratorio desafía la pastoral social en especial del Gran Buenos Aires desde hace años. Este tema ha sido uno de los 13 puntos claves que la Comisión Episcopal de Pastoral Social ha presentado al Presidente de la República tiempo atrás al denunciar la falta de lanzamiento real de la anunciada construcción masiva de viviendas.
Según estadísticas oficiales, en Argentina hay 2.343 villas miseria, 496 pertenecientes al conurbano bonaerense. Cada vivienda de 2 ambientes es ocupada por un promedio de 8 personas. Del millón de habitantes de las villas, el 60% no tiene ocupación fija y el resto posee trabajos mal pagos. Las condiciones de vida son de desesperanza y hasta pueden ser una bomba de tiempo. No en vano el Papa en su discurso del año pasado a los obispos argentinos recordaba que la cuestión económica no depende sólo de la economía sino que pasa por el bien común de la sociedad.
En la jornada de clausura del 3er. Congreso anual Nacional del Equipo Federal de Trabajo que se llevó a cabo el 26 de mayo pasado en Resistencia, se analizaron distintos aspectos que hacen a la problemática laboral hoy. Mons. Carmelo Giaquinta habló de la "crisis de la cultura del trabajo". Achacó esta crisis a "la incompetencia y deshonestidad, enfermedades que han transformado el trabajo en una agresión a la sociedad". Habló de la "lamentable claudicación de la autoridad pública", del "clientelismo político" y cuestionó que en la reforma de las constituciones nacionales y provinciales "no se haya ni siquiera propuesto la hipótesis de que a los poderes les estuviera prohibido intervenir en la asignación de los propios emolumentos, viáticos y gastos reservados". Y así, afirma el obispo, "se atenta contra el pueblo con los sueldos y gastos arbitrarios que ellos mismos se asignan".
El arzobispo de Resistencia afirmó además que la falta de trabajo para los jóvenes es como "un atentado a la propia identidad y a la capacidad de relacionarse con la sociedad". Sugirió que la reconversión laboral fuera acompañada por una moral o cultura del trabajo. "Para ello hemos de empezar una nueva educación de la ciudadanía, sobre todo desde la escuela, los medios de comunicación y los resortes de la autoridad pública a la que le cabe la responsabilidad más grave". A la reconversión laboral también hay que unir "una política poblacional definida que favorezca el afianzamiento de la gente en su tierra y evite el gigantismo de Buenos Aires". Finalmente el obispo invitó a "ponernos en estado de imaginación" para la búsqueda de soluciones solidarias a fin de que la gente salga de su postración.