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ARGENTINA


MIGRANTES: LAS SOBRAS DE UNA SOCIEDAD

Ha tenido lugar a fines de agosto pasado en Buenos Aires, el Encuentro Nacional de Pastoral Migratoria sobre el tema: "Migraciones y medios de comunicación social", con el doble objetivo de hacer tomar conciencia a los comunicadores del real fenómeno migratorio y de cómo los agentes pastorales pueden usar o servirse de los medios de comunicación para evangelizar al migrante. También el Encuentro sirvió para enviar un específico aporte al Congreso Mundial de Pastoral para Emigrantes y Refugiados que se realizó en Roma del 5 al 10 de octubre, con la participación de unas 500 personas, entre ellas 5 cardenales, 75 obispos y 123 sacerdotes en representación de 95 conferencias episcopales.

El tema de los migrantes adquirió notable importancia en el último Sínodo Americano y es un desafío permanente para toda América Latina y en especial para Argentina que es hoy el polo de atracción más importante de América Latina, con un incremento del 100% en la cantidad de solicitudes de radicación registradas durante 1997.

En una entrevista a la revista "Migración", el p. Volmar Scaravelli (scalabriniano), secretario general de la Comisión Católica Argentina de Migraciones, subraya el impacto que las migraciones causan en nuestra sociedad. "Hace un siglo, las migraciones eran funcionales -afirma el religioso-; los inmigrantes llegaban de Europa portando nuevas técnicas y aquí se necesitaba mano de obra. Hoy los inmigrantes no son funcionales. No me refiero tan solo a los refugiados (durante este año hemos recibido refugiados de 35 países, sobre todo de Africa, con un promedio mensual de 40 solicitudes de refugio), sino a los inmigrantes de los países limítrofes acosados por la pobreza. Son los sobrantes de un modelo que está vigente en todo el mundo; al quedarse sin trabajo, emigran. Aquí también existe el desempleo y fácilmente se culpa al extranjero de quitarnos el trabajo. En realidad es mínimo el impacto de las migraciones sobre el mercado laboral. Ellos realizan el trabajo que los nacionales rechazan; por ejemplo las cosechas. Hay muchos prejuicios para desterrar."

En este contexto hay que destacar que en el último censo de 1991 los inmigrantes limítrofes eran 29% paraguayos y chilenos, 17% bolivianos, 16% uruguayos. Ahora el flujo migratorio mayor llega desde Perú. El p. Scaravelli se refiere también al drama mayor del emigrante: "Antes uno vivía como ilegal y nadie lo molestaba; cada diez años aparecía una ley de amnistía que saneaba las situaciones irregulares. Hoy no se puede vivir en forma ilegal. A los indocumentados o irregulares les resulta muy difícil conseguir trabajo y si uno trabaja en forma irregular debe aguantar todo tipo de explotación. De allí que uno de los esfuerzos más exitosos de parte nuestra es la orientación legal, para que posean documentos oficiales." Destaca finalmente el sacerdote, el seguimiento propiamente religioso: "Es imprescindible que la Iglesia les abra las puertas, los acompañe en sus actividades, en su religiosidad, que los acoja tratando de defender su identidad y cultura. Ellos traen su religiosidad popular, ellos también son evangelizadores y pueden enriquecernos además de difundir la Palabra de Dios entre los inmigrantes."


¿UN IMPUESTO PARA EL CULTO?

Comentando informes periodísticos según los cuales la Secretaría de Culto impulsaría un impuesto para el sostenimiento del culto siguiendo el modelo de algunos países europeos, el arzobispo de Resistencia y presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Económicos, Carmelo Giaquinta, dijo que "ni dicho organismo ni el mismo episcopado en cuanto tal andan detrás de esa iniciativa". Los obispos impulsan el plan COMPARTIR.

Mons. Carmelo Giaquinta desechó para Argentina el modelo del impuesto eclesiástico aplicado en Alemania y afirmó que el italiano "no es ningún sistema de impuesto para el culto sino que es una forma democrática según la cual cada ciudadano decide libremente destinar una porción de los impuestos que paga, a una entidad de bien público entre las que está la Iglesia Católica. La porción es fijada por ley: el ocho por mil de los impuestos que se pagan. El Estado cobra los impuestos, y en el acto deduce el monto decidido según la opción del ciudadano y lo destina a la entidad elegida. En España hay un sistema semejante... Si hay que decidir sobre este argumento, la Iglesia argentina dará su opinión." Y añadió que mientras tanto, "los obispos persistiremos en el Plan Compartir que se basa en una profunda concientización de los fieles llamados tanto a compartir los bienes cuanto a administrarlos".

El Plan Compartir es una iniciativa impulsada el año pasado por la Iglesia Católica en vista de una reforma económica que procure más transparencia a sus finanzas y una mayor corresponsabilidad entre los fieles. Supervisado por un consejo de nueve personas, el plan ha sido llevado a cabo inicialmente en 1997 en cuatro diócesis (Resistencia, San Isidro, Merlo-Moreno y Alto Valle) y consiste en un diagnóstico económico, en el ámbito de todas las parroquias, y de asesoramiento de sacerdotes y laicos para la elaboración conjunta de un plan de acción futuro. Los líderes evangelistas, anglicanos y judíos también rechazaron la idea de un impuesto religioso, no así la ayuda estatal para sus obras sociales siempre y cuando no sea condicionante. Prefieren mantener su absoluta autonomía del gobierno y además dudan de su capacidad recaudadora.

La Iglesia Católica por un dictamen constitucional recibe, a través de la Secretaría de Culto, un aporte que actualmente no alcanza los 10 millones de pesos anuales, cuando las 6 diócesis del país con sus 2.418 parroquias y 30 seminarios mueven por los menos 100 millones de pesos anuales (Clarín 2-8-98). Otro es el caso de los fondos (unos 14 millones anuales) que la Presidencia distribuye discrecionalmente a entidades religiosas, o el tema de los aportes a los 2.135 colegios católicos y de otros cultos que le significan para el Estado un gran ahorro si tuviera que atender directamente a todo ese alumnado.

La actual dirección del Episcopado busca movilizar a las comunidades cristianas y de ser posible llegar en el futuro a prescindir hasta de los aportes del Estado, para consolidar una imagen de absoluta independencia del gobierno. Se quiere terminar con dos falsas impresiones muy extendidas entre los católicos y la población en general, de que la Iglesia es rica y sostenida económicamente por el Estado.


"SIN JUSTICIA NO HAY DEMOCRACIA"

Una cálida y masiva despedida brindaron los santiagueños al obispo Gerardo Sueldo, fallecido el 4 de setiembre pasado en un accidente automovilístico, después de cinco años de una acción pastoral muy comprometida. Durante la marcha procesional, un sacerdote exhibía un cartel que rezaba: "Gracias, mons. Gerardo Sueldo por enseñarnos a trabajar por la libertad y la dignidad humana". El obispo llegó a ser uno de los exponentes de la línea pastoral que impulsa un distanciamiento de los factores de poder y marca un fuerte compromiso social. Se había convertido en una voz muy crítica del modelo económico actual y en particular del caudillismo y las mafias locales, exhortando al pueblo santiagueño a "no perder la dignidad por la obsecuencia y el servilismo frente al poder" cayendo en "una cultura de la dependencia y el sometimiento". Más de una vez el obispo había denunciado la intervención de sus teléfonos y grabaciones de sus homilías.

El testimonio del padre obispo Sueldo se enmarca dentro de un contexto más general del país tal como ha sido detectado por los Sacerdotes en la Opción por los Pobres desde su XII Encuentro Nacional en San Antonio de Arredondo. Los sacerdotes, que trabajan muy adentro de la realidad popular, denuncian "el triste espectáculo de las disputas por candidaturas de una dirigencia que como aves de rapiña sobrevuela para devorar los despojos del pueblo, entorpeciendo el trabajo desinteresado de las organizaciones populares". Denuncian "la idolatría del mercado y la complicidad de sectores sociales, sindicales y eclesiásticos..., el desinterés de un Estado que se desentiende de sus responsabilidades con la salud, la educación, la administración de la justicia, la protección de los jubilados, la generación de empleos, la paz social". A la vez apoyan los diversos movimientos y organizaciones sociales que el mismo pueblo se va dando, preconizan "un modo distinto de hacer política, defendiendo los valores de la solidaridad, la ética y los intereses populares" en contra de un "modelo que no es ni fue exitoso sino generador de exclusión, pobreza y violencia".

El difundido malestar en la gente ha sido registrado también por la reciente encuesta de la empresa Gallup que reveló que la institución con mayor confiabilidad es hoy la Iglesia Católica, seguida por las organizaciones de ayuda social y, muy lejos, por los partidos políticos. Para la resolución de los problemas de pobreza, marginalidad y salud, la Iglesia con sus instituciones ocupa el primer lugar (64%), las organizaciones no gubernamentales el segundo lugar (58%) y los partidos políticos el último puesto con sólo el 12%. Por otra parte, cada vez más jóvenes participan de trabajos voluntarios en todo el país y esto manifiesta cómo algo nuevo está brotando desde las comunidades y las bases populares.

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